Crece la
controversia en Venezuela entre el Gobierno y organizaciones indígenas
luego de que dos ministros afirmaran que no se encontraron pruebas de
la presunta matanza de indígenas yanomami.
Como se recuerda, la reciente denuncia que hicieron organizaciones
Yanomami acerca de una matanza en una comunidad indígena en la zona
fronteriza con Brasil causó preocupación en sectores del Gobierno y de
organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos indígenas.
Al trascender la noticia, el gobierno de Venezuela organizó una
comisión que junto a personal de las Fuerzas Armadas se dirigió al lugar
de la presunta matanza para esclarecer lo ocurrido.
“Falsa noticia”
El ministro de defensa de Venezuela, Tareck el Aissami, señaló ayer, a
través de la cadena televisiva estatal, que la presunta matanza de
indígenas yanomamis es una “falsa noticia”.
“Visitamos todas las comunidades yanomamis y, por fortuna, se
encuentran sin ningún tipo de hecho que lamentar o alguna situación de
violencia”, aseguró.
“Las comunidades agradecen, más bien, todo el apoyo que les ha ido
brindando el Gobierno bolivariano y, gracias a Dios, no existe ningún
hecho de violencia”, añadió el ministro.
Las declaraciones del ministro respaldan la versión de la ministra
para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, quien aseguró que la
comisión oficial enviada a la zona no encontró evidencia de la supuesta
masacre.
Rechazan conclusión oficial
Por su parte, la ex diputada Pastora Medina, afirmó que la ministra
de Pueblos Indígenas mintió al decir que no se encontró evidencias de la
presunta matanza, puesto que la comisión enviada no podría haber
llegado a la zona en el tiempo transcurrido desde que empezaron las
investigaciones.
“En 24 horas es imposible conseguir la información. Primero, tendrían
que ir a La Esmeralda en avioneta, de allí tomar un helicóptero hasta
Parima y luego caminar por seis días hasta Irothateri, en el Alto Ocamo.
Regresar lleva el mismo tiempo”, aseguró.
En tanto que el secretario ejecutivo de Pueblos Indígenas de la
Gobernación del Estado Amazonas, Hilario Linares, exigió al Gobierno que
demuestre con fotografías que la comunidad de Irotatheri se encuentra a
salvo.
Asimismo, anunció que se encuentra organizando un encuentro con
líderes indígenas a fin de encontrar medios para llegar al lugar de la
supuesta matanza.
Igualmente, informó que se espera la respuesta de la solicitud que la
Secretaría Regional de Asuntos Indígenas cursó al general Jesús
Zambrano, para llegar al sitio.
Por su parte, El Gobernador del estado de Amazonas, Liboro Guarulla,
cuestionó que la comisión no llevó al lugar a representantes de las
organizaciones indígenas ni a periodistas.
Denuncian secuestro de indígena
Liboro Guarulla acusó a la 52 Brigada de Infantería del Ejército de
haber secuestrado al secretario ejecutivo de Horonami Organización
Yanomami Luis Shatiwe y a otras dos personas que denunciaron la presunta
masacre en una comunidad yanomami.
“Luis Chatiwe, la primera persona que habló públicamente, fue llevado
a la guarnición y se le prohíbe hablar, señaló Guarulla. Él no cometió
ningún delito así que podemos decir que él, junto a otros dos más, está
secuestrado”, añadió.
Asimismo, denunció que el Gobierno no permite que organizaciones
defensoras de los derechos indígenas ni la prensa accedan a la zona.
Responsabilizan a militares
Andrés Avelino Álvarez, diputado del partido “Nuevo Tiempo” que
rivaliza con el presidente Chávez en la campaña electoral, señaló que no
hay una política de Estado en resguardo de la frontera venezolana.
Asimismo, responsabilizó a los generales Jesús Zambrano Mata y Pinto
Gutièrrez por presuntas irregularidades en la zona fronteriza.
El legislador denunció que los militares de la zona “trafican con el
oro y por eso desalojan a comunidades indígenas de la minería
cooperativista para hacer negocio”, afirmó.
Igualmente, coincidió en señalar deficiencias en la investigación del
caso. “La fiscalía se trasladó al sitio con un pelotón de la guardia
nacional, pero no se llevaron, por ejemplo, a médicos forenses”, anotó.
Indígenas se pronuncian
En un comunicado, las organizaciones integrantes de la Coordinación
de Organizaciones Indígenas de Amazonas (Coiam) rechazaron el anuncio
oficial sobre la inexistencia de pruebas de la presunta matanza, pues
aseguran que la comisión enviada no llegó a la comunidad Irotatheri.
“Nos preocupa que a pesar de que la Comisión estuvo en la Comunidad
de Momoi el día 02 de septiembre de 2012, la comisión no llegó al
Shapono de Irotatheri, lugar donde presuntamente habrían ocurrido los
hechos en el mes de julio de 2012. Por esta razón no se puede decir que
no se encontró evidencia alguna que demuestre la presunta masacre”
señalaron.
Asimismo, exigieron que se continúe investigando “hasta llegar a la
comunidad Irothateri, lo cual permitiría determinar con exactitud lo que
sucedió”.
Finalmente, pidieron que Brasil y Venezuela controlen “las agresiones
violentas contra el pueblo Yanomami”, de parte de mineros ilegales
brasileros.
Conflicto electoral
El tratamiento del caso se complica por la proximidad de las
elecciones presidenciales en Venezuela. Sectores oficialistas y
opositores se acusan mutuamente de manejar políticamente el tema.
Por un lado, el general Zambrano Mata afirmó, que no es la primera
vez que surgen este tipo de noticias, y sugirió que el caso estaría
siendo utilizado por los opositores al Gobierno para desestabilizarlo en
una plena época electoral.
De otro lado, Liborio Guarulla, lamentó que la denuncia haya tenido lugar en plena campaña política.
“El gobierno considera que todo escándalo le perjudica en este momento, por lo que ordena callarlo”, anotó.
Asimismo, el obispo Divassón Cilveti lamentó el intento de
politización del problema, y recalcó la importancia de “llegar a la
verdad”.
El religioso subrayó la necesidad de llegar hasta la comunidad
probablemente afectada y advirtió que otras comunidades yanomami corren
peligro por los mineros informales o “garimpeiros”.
Del mismo modo, recordó que la presencia de garimpeiros trae
consecuencias al medio ambiente, así como violencia y enfermedades que
ocasionan muertes en la población indígena vulnerable.
Por Iván Herrera
Fonte: SERVINDI
Fonte: SERVINDI
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