Venezuela: Denuncian matanza de indígenas Yanomami a manos de mineros ilegales

Varios indígenas yanomami de Venezuela habrían muerto al ser atacados con armas de fuego por presuntos mineros brasileros, el pasado 5 de julio, en una zona cercana a la frontera con Brasil, denunciaron organizaciones indígenas.

De acuerdo a  un informe de la organización Yanomami “Horonami”,  la comunidad “Irotatheri”, del municipio del Alto Orinoco, fue víctima del ataque de presuntos mineros ilegales provenientes de Brasil, quienes habrían llegado en un helicóptero y asesinado a la mayoría de sus integrantes cuando se encontraban al interior de su “Shabono” (vivienda tradicional yanomami).
El hecho se supo por el testimonio de tres de los miembros de Irotatheri, que ese día salieron temprano de cacería y escucharon le ruido de la balacera, explosivos y el sonido del helicóptero.

 Asimismo, miembros de la vecina comunidad Hokomawe que llegaron de visita a la comunidad Irotatheri, se encontraron con lo cuerpos calcinados y el Shobono incendiado, así como con los supervivientes.
Luis Shatiwue, coordinador de Horonami, afirmó que, según testigos, el ataque se habría originado, cuando la comunidad rescató a una mujer que se llevaron los mineros. Asimismo subrayó que no es posible determinar por el momento el número de muertos.
Por lo remota de la zona, ubicada en las cabeceras del río Ocamo; entre el 15 y 20 de agosto, los supervivientes y testigos llegaron a la comunidad Parima “B”, donde dieron su testimonio a representantes de Horonami, el Ejército y el Centro Amazónico de Investigación y Contro de Enfermedades Tropicales (CAICET).
Largo conflicto
De acuerdo a Horonami, las autoridades venezolanas tienen información desde 2009 del conflicto entre indígenas y los mineros informales llamados “garimpeiros”, al haber muerto en una presunta intoxicación por mercurio de los mineros, varios yanomami de una comunidad de la zona.
Horonami señala que la actividad minera en la zona tiene más de 4 años y ha significado “trabajo y utilización de indígenas en la minería de oro” y “utilización de mujeres Yanomami por los garimpeiros”.
La intromisión de mineros ilegales brasileros en la zona dataría de finales de la década de los ochentas, según entendidos, pero se estaría incrementando por la subida del precio del oro.
Para tratar de controlar el problema el gobierno de Venezuela implementó bases militares en puntos fronterizos, pero ha sido una medida insuficiente.
A 19 años de otra matanza
Horonami recordó que hace 19 años, en 1993, un hecho similar ocurrió en la comunidad Yanomami de Haximú en territorio Venezolano, cuando garimpeiros asesinaron a 16 yanomami, en su mayoría mujeres, niños y ancianos.
En ese entonces, organizaciones de derechos humanos acusaron al gobiernoVenezolano de actuar en forma negligente ante los violentos hechos, y obtuvieron una victoria en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Venezuela firmó ante la CIDH, en 1999, un acuerdo en el que se comprometió a implementar un programa de salud para los yanomami y establecer medidas de control de la minería ilegal en coordinación con Brasil.
Por la matanza de Haximú, cinco mineros fueron condenados a 20 años y medio de prisión en territorio brasilero.
Exigen investigaciones
La organización indígena también exigió una inmediata investigación judicial sobre el caso, así como facilidades para acceder a la comunidad afectada, la activación de los mecanismos binacionales para el desalojo de los garimpeiros y la vigilancia en la zona.
Por su parte, el miércoles pasado, el gobierno de Venezuela anunció que dos funcionarios investigarán lo sucedido en el Alto Orinoco. Se trata del subdirector de investigaciones de la Dirección de Delitos Comunes del Ministerio Público, Zair Mundaray, y el representante de la Fiscalía 4º de Amazonas, Luis Perdomo.
En las próximas horas organizarían la logística para dirigirse a la zona del ataque, anunciaron en un comunicado.
Asimismo, el Gobierno anunció que el defensor del pueblo, Pedro Luis Cabello, recibió las denuncias e inició las investigaciones del caso.

Fonte: Servindi