El texto a continuación hace parte de las reflexiones que hemos venido haciendo sobre el devenir de las organizaciones indígenas de Colombia que acompañan la perseverante lucha de sus pueblos por defender sus derechos territoriales y culturales. El tema que en esta ocasión se examina es el horizonte político de las organizaciones indígenas, que siendo de máxima actualidad, es un tema recurrente de discusión para cuantos nos interesamos porque el porvenir de los pueblos indígenas aparezca despejado, sea transparente su ruta y libre su camino. Esto en lo que atañe al contenido. En cuanto a la forma, los argumentos y los términos utilizados son acerados pero hondamente sinceros. No son dardos lanzados al viento. Buscan atinar corazones de gente dispuesta al pensamiento.
Empecemos recordando unas preguntas que muchos nos hacemos en Colombia: ¿Por qué la lucha de los pueblos indígenas siendo tan genuina, constante y sobre todo tan larga, no ha conducido a puerto seguro? Pero también ¿por qué a pesar de tener tan sólidos y colosales derechos, la situación en sus territorios sea tan deplorable, hasta el punto que algunos pueblos se encuentren al borde de la extinción? Más aún ¿por qué sus asombrosas movilizaciones han sido tan improductivas? A estas preguntas yo le agregaría otra, más actual, ahora que me encuentro realizando una consulta sobre el impacto que han tenido las publicaciones de IWGIA
(1) en español: ¿Por qué a pesar de que se han producido tantos y tan calificados estudios sobre estos pueblos y se ha documentado durante tantos años la difícil situación que atraviesan, este enorme haber de conocimientos e informes no haya conducido a una mayor sensibilización de los colombianos frente a la problemática étnica? No voy a redundar en explicaciones y argumentos ya conocidos que van desde el desconocimiento, restricción y violación de sus derechos, hasta la crónica violencia que han vivido y que les arrebata su porvenir. Voy a referirme, como frecuentemente lo he hecho, a aquellos asuntos internos de las organizaciones indígenas que entorpecen su desarrollo político. Aspiro naturalmente que esta forma de deliberar e intervenir en la vida política de los indígenas sea bien recibida y no conduzca, como en el pasado, a apilar leña para la hoguera.
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La nobleza de los ideales que han identificado a las organizaciones de los pueblos indígenas de Colombia, han venido capitulando ante la confluencia de intereses unipersonales de liderazgos que han orientado desde hace más de una década los destinos de varios pueblos indígenas del país. Aunque son varios y diferentes los casos, el más emblemático es el de la regional indígena de Antioquia, OIA, donde estos intereses de dirigentes necios y autoritarios han constituido un poder arbitrario que viene arruinando una reconocida institucionalidad, construida durante muchos años de esfuerzos e interlocuciones con el Estado. Esta dirigencia errática, por no llamarla ilegítima, ha conducido a que un pueblo tan importante como el tule se separe de esta organización regional, y a que otros pueblos estén considerando también seguir el mismo camino. Y es que el ejercicio de la autoridad de gobiernos indígenas que no gozan de legitimidad lleva a luchas intestinas que no solo debilitan las organizaciones, sino que las incapacita para enfrentar una realidad conflictiva (extractivismo, conflicto armado, narcotráfico) que está asolando los resguardos y propiciando el desarraigo de su población. O para decirlo en palabras de un dirigente tule, cuando en entrevista (que pronto será publicada) le preguntamos por la razón de esta decisión: “…era lo único que podíamos hacer para defendernos del Estado y de los poderosos intereses económicos que se llevan nuestros recursos naturales, pero también porque ya estábamos aburridos con una dirigencia que no hacía nada para encontrarle una salida a estos graves problemas… era una dirigencia que se ha apoderado de nuestra organización, usurpando nuestros derechos. Nosotros los tule ya no nos sentíamos representados por esa dirigencia que utiliza esa representación ilegítima para su propio beneficio… no nos dejaron otro camino.”
Y es que exigir decencia en el ejercicio de sus gobiernos y transparencia en el manejo de los recursos de las comunidades es un deber que tienen todos los indígenas para evitar perturbaciones en los sistemas propios de gobernanza. Una capitulación ante estos intereses individuales es por consiguiente un paso al costado en esa larga contienda por la descolonización de los territorios y culturas indígenas.
Las marchas indígenas para protestar contra la violencia y exigir cambios en las políticas del gobierno han sacudido a muchas regiones del país, especialmente al Cauca. A veces estas marchas terminan en confrontaciones violentas con el ESMAD (2) y otras fuerzas del Estado. El punto aquí es que después de estos esfuerzos colosales no hay movimiento, no pasa nada, no cambia nada. Pero más allá de las ya conocidas frases de galería de los dirigentes, la realidad es que las organizaciones sociales de los indígenas han delegado el seguimiento y exigencias de estas acciones a movimientos políticos, cuyos fines pueden o no converger con las demandas indígenas. Peor aún, las organizaciones indígenas no tienen voluntad, pero tampoco evidencian la capacidad para llevar adelante el espinoso y aburrido, pero necesario trabajo político con sus bases. Relevados de las obligaciones políticas, las organizaciones corren el peligro de convertirse en cascarones sin contenidos, pero sin perder la capacidad para seguir movilizando a sus bases. Son motores políticos que “giran a grandes revoluciones y generan mucha energía, pero no están conectados con las ruedas y por eso no hay movimiento.”(3) Para poder conectar esta energía con las ruedas, “hace falta más contacto humano directo y más organizaciones capaces de hacer el trabajo político a la antigua. Es decir, cara a cara. Todos los días.”(4)
Por el lado de la contienda electoral tampoco se ve un acople entre el discurso de los candidatos indígenas y las necesidades de los pueblos. En realidad las campañas electorales de los diferentes candidatos no abordaron los problemas que más afectan a sus pueblos y fueron magras, por no decir inexistentes, las propuestas de trabajo parlamentario. Lo inaudito es que las organizaciones no le exigían a estos dirigentes-candidatos suscribir actas de compromiso, como sí lo exigen a candidatos no-indígenas. Estas campañas, más que con ideas, se llevaron a cabo con consignas y frases efectistas, como tradicionalmente lo hacen los taimados “politiqueros” que tanto critican los indígenas. La verdad es que estos líderes indígenas que buscan el favoritismo de sus comunidades en las comicios electorales, confiaron más en lo que deberían haber repudiado: algunos le apostaron al clientelismo amasado en innumerables como insubstanciales encuentros y reuniones a lo largo del país; otros que buscaban repetir cargos, pusieron su confianza en la amnesia de las comunidades que olvidan rápido la insignificante labor que desempeñaron en el parlamento. Lo que sí sería verdaderamente repudiable, es que campañas indígenas pudieran haber utilizado recursos para sobornar conciencias, lo que vulgarmente se llama “compra de votos”, y más repudiable aún, si fueron empleados para alterar datos electorales. Pero lo que sí sería inadmisible es que hubieran sucedido estas acciones y hubieran sido financiadas con recursos públicos o privados, proveídos para planes, programas, o para resolver problemas urgentes en las comunidades, pues hacer campañas políticas con fondos de las organizaciones es una de las peores formas de corrupción.
No obstante la peor parte de esta desventura electoral la llevaron los pueblos afrocolombianos. Las dos curules a la Cámara de Representantes, que por circunscripción especial le corresponden a las negritudes, fueron obtenidas con el aval de la Fundación Ébano de Colombia (FUNECO), un movimiento político cuestionado por sus nexos con el ex-senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, “condenado por concierto para delinquir y hoy preso e investigado por narco-política”; y por sus vínculos con “el polémico representante Yair Acuña Cardales, investigado por para-política y considerado el heredero del fortín electoral de dirigentes de la costa Caribe condenados por la justicia”. (5)
Pero si esto ha indignado a la comunidad negra, lo más humillante para ella, insólita paradoja por demás, es que los dos parlamentarios electos ni siquiera son negros.
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